La muerte de dos militares y un trabajador civil durante un operativo en la mina estatal de Huanuni, en el departamento boliviano de Oruro, volvió a poner en el centro del debate un fenómeno que desde hace años desafía los controles del Estado: el denominado "jukeo", el robo sistemático de minerales que pasó de pequeños hurtos a convertirse en una actividad delictiva organizada.

El hecho ocurrió el fin de semana, cuando efectivos militares y personal de la Empresa Minera Huanuni realizaban un operativo para frenar el ingreso de presuntos "jukus" a la mina. La Fiscalía informó que una emboscada dejó tres fallecidos y posteriormente se abrió una investigación en base a varias hipótesis para esclarecer las circunstancias reales de las muertes, entre ellas un posible enfrentamiento armado durante la intervención.

Los "jukus" son personas dedicadas al robo de mineral dentro de las minas, a través de la extracción ilegal desde los socavones para luego comercializarla en el mercado informal haciendo difícil el rastreo de la mercadería. Si bien comenzó como una actividad de individuos que sustraían pequeñas cantidades residuales, con el paso de los años derivó en una actividad organizada que moviliza grupos numerosos y redes ilegales de comercialización.

La Empresa Minera Huanuni, uno de los principales centros productores de estaño de Bolivia, es uno de los lugares donde el problema se manifiesta con mayor frecuencia y representa un desafío para la operación de la mina con enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y presuntos "jukus".

La explosión registrada en 2018 en la mina de Huanuni, atribuida a presuntos jukus y que dejó ocho trabajadores fallecidos, marcó un punto de inflexión en la respuesta oficial frente al robo de minerales. Tras ese incidente, el entonces ministro de Gobierno (Interior), Carlos Romero, reveló que en ese distrito operaban al menos 30 clanes, con liderazgo y estructuras definidas, dedicados a esta actividad ilícita.

Aunque no existen datos oficiales sobre la práctica, una investigación del portal Erbol señala que las pérdidas acumuladas por "jukeo" se estiman en más de 100 millones de dólares entre 2024 y 2025, afectando tanto a la minería estatal como a cooperativas y a operadores privados.

Según el gobernador de Oruro, Edgar Sánchez, la mina Huanuni produce cerca de 500 millones de dólares al año, pero sin los recurrentes "jukeos" el monto se podría duplicar.

"En Bolivia existe por lo menos un 40% de la fuga de minerales, de recursos económicos, la venta ilegal. Huanuni produce por lo menos 500 millones de dólares al año, por tanto, es un gran ingreso económico. Si no habría fuga de minerales, produciríamos casi el doble, imagínese lo que eso significa para el erario nacional", afirmó en entrevista con la radio Erbol.

Sin embargo, la magnitud de esta actividad ilícita no solo se calcula por las pérdidas económicas para las empresas mineras, sino también por el nivel de organización de los grupos involucrados, el uso de violencia para proteger sus operaciones o resistir los controles y las víctimas que dejan los enfrentamientos.

Las reiteradas incursiones de "jukus" en minas bolivianas muestran además que las medidas de seguridad implementadas hasta ahora no han logrado erradicar la práctica. El caso más reciente refleja un conflicto persistente que trasciende el ámbito policial: representa una amenaza para la seguridad de los trabajadores, la protección de los recursos estatales y el control de una actividad económica estratégica para el país.